Esta semana fue imputado el hombre de Guamal, Meta, que el 18 de noviembre abusó sexualmente de su hijastra de 5 años y la asesinó. La semana pasada, Fabián Quintero Ramírez mató a balazos a Jan Alexánder Rocha Fuentes, de 10 años, hijo de su expareja, en Malambo, Atlántico; una semana antes, Jhon Jairo Manyoma lanzó de un cuarto piso a Salomé, su hija de 5 años, en medio de una discusión con su compañera, la madre de la niña, en Jamundí. En octubre nos estremecimos con el filicidio contra Santy Esteban y Susan Camila Beltrán Ramírez, de 4 y 7 años, asesinados a golpes y puñaladas por su padre, Darwin Felipe Beltrán, en Bogotá. Así vamos… y contando.
De esto, que empieza a ser conocido como violencia vicaria, se viene hablando hace aproximadamente una década, cuando la sicóloga argentina Sonia Váccaro la nombró y definió como la que “utiliza a los hijos para herir y maltratar a las mujeres”. Este tipo de violencia, que ha sido tipificada en España y en más de 20 estados de México, es en Colombia el objeto de dos proyectos de ley que están trancados porque sus ponentes no logran acordar la manera de unificarlos. La manzana de la discordia está en que el que fue presentado mayoritariamente por congresistas del Pacto Histórico considera que la violencia vicaria solo se da del hombre hacia la mujer, porque su génesis es el machismo que se expresa con el deseo de control de él sobre ella. Aseguran que cuando es la mujer la que agrede a sus hijos para hacerle daño al padre de estos la motivación no es de género, los casos son pocos y pueden ser tramitados con un delito que ya existe: violencia intrafamiliar. En cambio, el otro proyecto, promovido por la senadora Nadia Blel, conocido como ley Gabriel Esteban en recuerdo del niño asesinado por su papá en un hotel de Melgar, considera que esta violencia sí se puede dar de la mujer hacia el hombre.
Tipificar la violencia vicaria como delito es necesario para establecer que el Estado considera inaceptable y punible dicha acción, y que reconoce el fenómeno que pone en mayor riesgo a las y los menores de edad, y a sus progenitores, mayoritariamente a las mujeres. Pero me temo que igual que ha pasado con el feminicidio, que esté tipificado como delito no desestimulará a los agresores. El país está viviendo una barbarie contra la niñez, con más de 50 % de aumento de denuncias por agresiones a menores de edad entre el año pasado y este, lo que requiere más que medidas punitivas y que una que otra campaña pedagógica. Solo del fenómeno en mención, la Fundación contra la Violencia Vicaria ha recibido 6.000 denuncias entre enero de 2023 y noviembre de 2024.
No se trata de 6.000 menores de edad asesinados por sus padres, pues la definición de este tipo de violencia, como explica la Secretaría de la Mujer de Bogotá, incluye manipulación emocional –cuando los hijos son usados para controlar o manipular a la madre–; descuido o abuso –cuando se pone en peligro a los hijos para preocupar a la madre–; e interferencia en la relación –cuando se hace algo para dañar o impedir el vínculo afectivo entre la madre y sus hijos–.
Comprendo que para el correcto tratamiento judicial de los casos y para evitar la revictimización de las mujeres víctimas es muy importante que la ley reconozca las motivaciones machistas por las cuales cierto tipo de hombres usan a sus hijos para castigar a las madres de estos; pero considero que el enfoque de cualquier acción respecto a violencias debe estar centrado en los más indefensos, que en este caso son los menores de edad.
Ante ellos, la discusión sobre si la violencia vicaria se puede cometer solo del hombre hacia la mujer o también de la mujer hacia el hombre debe pasar, a mi juicio, a un segundo plano. Ojalá en memoria Jan, Salomé, Santy, Susan, Gabriel Esteban y de tantos otros/as, los congresistas logren unificar sus proyectos.
Claudia Isabel Palacios Giraldo
