Si se cumpliera la norma colombiana que establece cuántos habitantes debe tener una entidad territorial para que sea considerada municipio, nuestro país debería sacar de esa categoría al 72 % de ellos. Es decir, a unos 800 porque no tienen al menos 25.000 habitantes (Ley 1551 de 2012). Esto dice el capítulo ‘Equilibrios demográficos y sustentabilidad poblacional en los municipios de Colombia’, de los investigadores de la U. Externado Norma Rubiano, Juan Andrés Castro y Angie Molina, en el libro País raquítico, país robusto.
Ahí comparan los datos del Censo del 2005 con los del 2018, que también evidencian que el 32 % de los municipios del país tuvieron pérdidas absolutas de población. Es decir, que entre la gente que murió, la que nació, la que emigró y la que inmigró, tienen menos personas que antes. Conozco de este estudio porque fue discutido en el Congreso Latinoamericano de Población, que se realizó por primera vez en nuestro país, casi al mismo tiempo que el Congreso de la Nación aprobaba la reforma del Sistema General de Participaciones, para pasar de girarles 20 % a 39 % de los ingresos de la Nación a los entes territoriales, gradualmente a partir de 2027.
Si bien la implementación de esta ley depende de la ley de competencias, que debe ser creada el próximo año, cuyo fin será darles más responsabilidades a los gobiernos regionales y locales, me pregunto si ese porcentaje es coherente con el ya mencionado despoblamiento de los municipios. ¿Necesitan ese dinero municipios que se están quedando sin gente?, ¿será justamente porque no han contado con esos recursos que no se han podido generar las oportunidades que hubieran retenido a su población?
Las respuestas con sustento técnico a estas preguntas deben ser un insumo para la elaboración de la mencionada ley. Lo que está documentado en el estudio advierte que “los municipios con menos de 10.000 habitantes promedio no pueden generar ni siquiera el 20 % de recursos propios”. ¿Qué sentido tiene, entonces, que un ente territorial con estas características tenga, por ejemplo, alcaldía, concejo municipal y otras unidades de gobernanza local
El estudio establece unas categorías de sustentabilidad y sostenibilidad de los entes territoriales. Una de ellas es “Situación de insustentabilidad total con alto riesgo demográfico”, donde “las posibilidades de recuperación son escasas o nulas”. Tal es el caso de El Espino, Boyacá; Titiribí, Antioquia; Salamina, Caldas; La Paz, Santander; Caramanta, Antioquia; o Jerusalén, Cundinamarca; entre otros. En contraste, hay un grupo pequeño de municipios cuya población está creciendo como consecuencia de la migración nacional interna, que ha empezado a convertir a las principales ciudades capitales en expulsoras de población. Son los del Valle de Aburra, el área metropolitana de Bucaramanga, la Sabana de Bogotá y la zona metropolitana de Cali.
La cuestión no es tan simple como para decir que lo lógico es darles más recursos a los municipios que están creciendo y menos a los que están muriendo, pues hay otros factores, como la disponibilidad de recursos naturales, las proyecciones de oferta laboral o la libertad de la gente para decidir dónde quiere vivir y si quiere tener descendencia o no, que responden a variadas razones. Lo cierto es que esto nos muestra cuán urgente es que hablemos en serio de realidades que estamos viendo como algo anecdótico: el cierre de más de 6.000 colegios en los últimos 5 años (LEE – U. Javeriana); las ganas de irnos a vivir a una ciudad más tranquila, o lo que particularmente he notado al hacer la compra de regalos navideños este año… cada vez tengo menos personas cercanas con hijos pequeños a quienes darles un regalo. ¿Les pasa igual?
Claudia Isabel Palacios Giraldo
