Como vamos, la única forma efectiva de evitar las violencias contra los niños y las niñas será el descenso de la natalidad. El secuestro, intento de violación, tortura, asesinato y desaparición de Sofía Delgado por parte de un vecino de ella, que llevaba una vida común y corriente, como si no hubiera sido puesto en libertad solo por vencimiento de términos en un caso de violencia sexual contra otra menor de edad, es la última gota que rebosa la copa de la violencia contra la niñez en Colombia. ¡Cuántas veces se ha rebosado esa copa, solo para volverse a llenar silenciosamente hasta que una víctima se convierte en un caso mediático, sin más efecto que llevarnos a la catarsis!
Aun así, hay quienes juzgan a las personas que no quieren tener hijos, sin considerar que los/as menores de edad están expuestos a una degradación social que no logramos contener, porque al parecer nos quedó grande ‘volvernos pequeños’. ¿Qué estarían haciendo los niños y las niñas ante la violencia que viven si pudieran protestar, hacer lobby, votar, o entender los efectos en su vida de la cotidianidad con la que crecen? Quienes sí podemos hacer todo eso ponemos sus realidades en segundo plano. Por ejemplo, en nombre del derecho a la libertad y al debido proceso –o como ahora se propone, para enfrentar el hacinamiento carcelario– dejamos libres a delincuentes (presuntos o condenados) sin que prime un criterio de protección a la niñez, a pesar de que llevamos décadas repitiendo que los derechos de los menores de edad prevalecen sobre los de los demás.
Con esto en mente, busco información en Fiscalía, ICBF y Ministerio de la Igualdad. Las respuestas frustran. Cada entidad tiene programas con algún nivel de éxito para la prevención y atención de violencias contra la niñez, pero no logra evitar lo inenarrable. La Fiscalía explica que la modificación que se hizo en 2015 al Código de Procedimiento Penal tuvo como efecto que la privación de la libertad no puede superar un año, prorrogable por un año más, con excepciones, como el abuso sexual a menor de 14 años, cuya valoración depende de cada juez. ¡Pero cómo en tanto tiempo no se puede sacar adelante una investigación! es lo que se preguntaría una persona sensata. La respuesta frustra aún más: los vencimientos de términos están a la orden del día. Si son culpa del Estado, como lo sería en el caso del asesino de Sofía, por cuenta de que el Inpec no lo trasladó a las audiencias, la Fiscalía dice no poder hacer nada y el juzgado tiene que dejar al detenido libre. Esta modificación garantista de la libertad para los señalados de algún delito ha hecho que entre 2023 y 2024 hayan quedado libres más de 10.500 personas, entre ellas detenidos por algún tipo de violencia contra menores de edad.
Pero cómo el ICBF no está enterado de estos casos, como para que al menos intente hacer algo para evitar que vuelvan a la calle quienes pueden ser un peligro para la niñez! es la siguiente pregunta que se haría la misma persona sensata. La respuesta vuelve a frustrar. El ICBF solo se entera de los casos que recibe a través de la línea 141 y de los que es informada la entidad por alguna otra autoridad que los conoce (188.722 en lo que va del año). En todo caso, hacer seguimiento a los procesos judiciales no es parte de su misión y aun si lo fuera, no tendría el personal ni los recursos para hacerlo.
¡Pero cómo no hay un sistema interinstitucional que conecte a todas las entidades que pueden conocer un caso contra la niñez! La respuesta es una nueva frustración con algo de esperanza. El Ministerio de la Igualdad anunció hace 11 meses la creación de la plataforma Salvia, justamente para articular la información que permita lanzar alertas tempranas de prevención de violencias basadas en género, pero esta empezará a operar en un mes. Entonces, henos aquí entre la sensatez y la frustración, llorando a Sofía hasta que vuelva a rebosarse la copa y otra víctima nos recuerde cuán grande nos queda a los adultos ‘volvernos pequeños’.
Claudia Isabel Palacios Giraldo