Leídas las 60 páginas del ‘Documento de estrategias pedagógicas para la inclusión e implementación de la política pública LGBTI de Bogotá en las instituciones educativas’, comparto mis consideraciones sobre su publicación y retiro, que hizo que algunos concejales cuestionaran el compromiso del alcalde Galán con la prevención del matoneo a estudiantes LGBTIQ+.
Empiezo por lo que me parece adecuado. El documento presenta la normativa para el tratamiento de los derechos humanos de las personas con identidad de género diversa: convenios internacionales, leyes, decretos y fallos nacionales, y acuerdos distritales. Ofrece así a las directivas y docentes un acervo concreto y claro para que comprendan que los cambios que han de hacer en sus clases no son por caprichos o ideologías –que podrían no compartir– sino por disposiciones legales. También encuentro útil la amplia definición de conceptos como género, identidad de género, orientación sexual, que siguen siendo desconocidos o confusos para –creo yo– la mayoría de la gente; pero que tratándose de educadores/as es indispensable conocer, al margen de que se compartan o no. Destaco también el énfasis en que cada colegio “en su autonomía” desarrolle las actividades pedagógicas para cumplir los lineamientos. Es decir, no impone contenidos curriculares, sino que ofrece la información y argumenta por qué es indispensable transformarla en contenidos aptos para estudiantes, padres y madres de familia. Y si bien varios datos no están citados académicamente, sí evidencian cuán problemática es la discriminación en entornos escolares. Por ejemplo: en 2023, en Bogotá, hubo 106 reportes de hostigamiento escolar por identidad de género, y en lo que va de 2024 van 64. Y, según la U. Nacional, el 64 % de los estudiantes hombres y el 40 % de las estudiantes mujeres se burlan de sus compañeros homosexuales.
Paso a lo que me parece inconveniente: el juicio de valor, con frases como “la homofobia es un acto de discriminación que muchas veces proviene de creencias religiosas conservadoras, discursos sociales, familiares y políticos, que promueven el rechazo a las personas LGTBI”; es un planteamiento que, si bien es cierto, es innecesario tratándose de un documento pedagógico, pues alienta las reacciones de resistencia. Recordemos lo sucedido con las famosas cartillas de educación sexual del Ministerio de Educación, que sepultaron la mera posibilidad de avanzar en esta materia. Hay otros aspectos de lenguaje que pueden molestar y que no aportan al propósito. Por ejemplo, que el documento diga que “más que una guía es una provocación” se entiende dentro del gobierno de la alcaldesa Claudia López, en cuyo periodo se redactó, pues su estilo usa la provocación como herramienta política; pero desde luego no aplica para el gobierno de Galán, quien justamente basa su capacidad de acción en la no provocación y no confrontación. En ese sentido entiendo la reacción de la secretaria, Isabel Segovia, cuando dijo que el documento “no nos representa”, no obstante que luego ante el Concejo aseguró que esas palabras fueron “muy fuertes”.
Tengo más consideraciones que ampliaré en la lectura de esta columna, el domingo. Entre tanto cierro diciendo que solo hasta mediados de septiembre, cuando la Administración presentará el “Programa Integral para la sexualidad”, para el que ha asegurado que recogerá buena parte de lo que contiene el documento de la controversia, sabremos si la apuesta del alcalde Galán contra la discriminación es lo valiente, amplia y estratégica que se requiere para que ni un/a/e estudiante más deserte del colegio o se quite la vida por causa del matoneo al que hoy se expone por ser de la comunidad LGBTIQ+. Cuando lo que está de por medio es el derecho a la vida y a la educación, hay que tener claro que ni ‘lo cortés quita lo valiente’, ni hay que pretender ser ‘monedita de oro’.
Claudia Isabel Palacios Giraldo
