El 66 % de las personas preferirían morir en su casa; el 22 %, en un hospital; el 9 %, en un sitio especializado de cuidados para el final de la vida, y el 3 %, en algún otro lugar; pero… la mayoría no se lo ha dicho a su familia. Así de grande es el tabú para hablar de lo inevitable: la muerte… como si hablar de la muerte matara. Los datos son de Grupo Universe, firma que hizo un análisis para la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente a la luz de lo que ha pasado desde el fallo de la Corte Constitucional que amplió el acceso a la muerte médicamente asistida en Colombia.
En el 2022, el año siguiente a dicho fallo, hubo 99 eutanasias en el territorio nacional, más del doble que en el 2021, lo que equivale al 0,04 % del total de muertes en el país. Este porcentaje es el más bajo de 5 países en donde está legalizada la asistencia médica para morir, con los que la mencionada firma consultora hizo un comparativo. En Países Bajos –donde la eutanasia fue legalizada hace 21 años–, este modo de morir es el 4,6 % del total de defunciones; en Canadá, el 2,8 %; en Bélgica, el 2,4 %, y en Luxemburgo, el 0,7 %. ¿Qué quiere decir esto? Con solo un año de vigencia del fallo es comprensible que el acceso sea bajo, pues no hay suficiente conocimiento del derecho reconocido por la Corte y no ha habido tiempo razonable para derribar las barreras de acceso, que se fundamentan en fuertes preceptos religiosos o morales y en dificultades logísticas y/o económicas; pero seguiremos igual si no empezamos al menos por hablar del tema en familia, con el personal de salud al que frecuentamos y… ¡con nosotros mismos! En eso sí que estamos quedados.
El año pasado solo 562 personas firmaron su documento de voluntad anticipada ante DMD –Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente–, y la cifra total no llega a 17.000. Además, del consolidado de personas que consultaron a esta organización, el 80 % lo hizo sobre eutanasia, es decir, cuando estaban en una situación irreversible que afectaba significativamente su calidad de vida. ¿Para qué sumarle al momento de la inminencia de la muerte el padecimiento de pensar y hablar sobre cómo morir? ¿No sería más fácil dejar eso resuelto cuando se goza de plena salud y bienestar? ¡Cuánto dolor y problemas les ahorraríamos a nuestros seres queridos si no les dejáramos a ellos la tarea de decidir qué hacer con nosotros en caso de que nos sorprenda un accidente o una enfermedad que trunque nuestra autonomía! Nada más por eso, la firma de la voluntad anticipada sobre muerte digna debería ser no solo un derecho, sino un deber. Por cierto, muerte digna es lo que cada quien decida libremente que es digno. Para algunos puede ser la eutanasia, mientras que para otros es recibir cuidados paliativos hasta que se produzca la muerte natural, o incluso rechazar dichos cuidados.
La baja cifra de voluntades anticipadas contrasta con otra que evidencia que hasta antes del fallo de la Corte había muchas personas que vivían –o mejor, que sobrevivían– por obligación, ya que no era posible acceder a la muerte médicamente asistida a menos que un galeno determinara que la enfermedad era terminal y que la muerte se produciría en menos de 6 meses.
El 63 % de quienes pidieron asesoría sobre eutanasia en DMD en 2022 padecían una enfermedad degenerativa, pero no terminal. Ese dato muestra que la mayoría de las personas –por ejemplo, usted o yo– considerarían que morir es su mejor opción ante un hecho desafortunado de salud, en vez de verse sometidas a un lento e irreversible deterioro. Razón adicional para firmar un consentimiento anticipado, que –por las dudas– no es una sentencia de muerte, pues se puede cambiar en cualquier momento. Entonces, hablar de la muerte no mata, al contrario, es una oportunidad para vivir mejor, con más conciencia del valor de la vida.
Claudia Isabel Palacios Giraldo