De los testimonios que recopilé para mi libro Perdonar lo imperdonable hay uno que recuerdo con frecuencia y que ha venido aún más recurrentemente a mi memoria desde que un joven de 15 años atentó contra Miguel Uribe Turbay. El testimonio es de Jenny, quien había sido reclutada por la guerrilla cuando tenía 11 años y estuvo en esa situación hasta que fue rescatada por el ejército, que la entregó al ICBF.
Hablé con ella poco tiempo después de ese suceso. Casi comenzando la charla le pregunté cómo había sido su experiencia en la guerrilla. Me sorprendí cuando me respondió contundentemente que “buena”. Le pedí que me explicara. “Fue buena porque aprendí muchas cosas. Es que a mí antes nunca me habían enseñado nada. Yo apenas había hecho primero de primaria y todo lo que hacía era ayudar a mi papá a cristalizar coca”. Mientras me hablaba noté que la guerra no le había arrebatado del todo la inocencia de su mirada y que su voz aún sonaba infantil. “Aprendí a armar bombas, a pedir plata y a cuidar personas”. Con pedir plata se refería a extorsionar, y por cuidar personas aludía a atender secuestrados.
En la mente de Jenny nada de eso era malo y mucho menos delito. Eran solo experiencias de aprendizaje que había recibido con la curiosidad propia de la niñez y con la gratitud que caracteriza a quienes saben que tienen poco y que sus posibilidades son escasas.
He pensado mucho en Jenny en estos días, por los debates sobre si el joven que atentó contra Miguel Uribe –y cualquier joven que cometa un delito de dicha gravedad– debería ser procesado como adulto y si esto disminuiría la instrumentalización de menores de edad con fines delictivos. Tratando de conocer perspectivas de diferente índole, hablé con María Fernanda Bonilla, psiquiatra infantil de la clínica Montserrat, sobre el desarrollo de la conciencia, y consulté un artículo publicado en la revista Derecho Penal y Criminología, de la U. Externado, sobre el funcionamiento del Sistema de Responsabilidad para Adolescentes, que fue creado en el marco del Código de Infancia y Adolescencia, del 2006.
En este sentido, más que generalizar el tratamiento de los casos según la edad o el delito, habría que determinar caso a caso qué hacer en función de factores como la plasticidad cerebral y la capacidad de intervenir exitosamente el entorno familiar, educativo y social. Desde luego, es mucho más retador y demandante de recursos particularizar que generalizar, y Colombia no tiene la capacidad de hacerlo, al menos en el corto plazo.
Con esta información me pregunto si se debe apoyar o no el proyecto de ley que anunció la congresista Piedad Correal para bajar de 18 a 14 años el juzgamiento como adultos de quienes cometen delitos. Es posible que esa medida disminuya los actos criminales cometidos por menores de edad, pero no necesariamente la incidencia de ellos, ni hará frente a las realidades que llevan a que muchos menores de edad sean potenciales delincuentes.
Si bien el interés general, en este caso por la seguridad, debe atenderse con la urgencia que marca la realidad expuesta por el abominable ataque a Miguel Uribe, este también debería hacernos reaccionar enfrentando lo más difícil: el caldo de cultivo para la criminalidad infantil.
Claudia Isabel Palacios Giraldo
