Gustavo Morales, presidente de Acemi, el gremio de las EPS, le ha pedido al Gobierno que haga obligatorio vacunarse contra el covid-19; pero como, según la más reciente encuesta Pulso Social, del Dane, por diferentes razones el 44 % de los colombianos no quieren vacunarse contra este virus, esta propuesta va contra la voluntad de casi la mitad de la población.
¿Cómo enfrentar esta disyuntiva, teniendo en cuenta que tenemos unos 15.000 nuevos contagios por día y vamos en más de 49.000 muertes por la pandemia? Y eso sin contar el desastre económico y la consecuente hambruna, pérdida de escolaridad e impacto en la salud mental de gran parte de la población.
Entiendo a los expertos de la OMS que han dicho que hay que priorizar la persuasión y la buena comunicación para que la gente decida vacunarse voluntariamente. Eso sería lo ideal. Pero lo ideal ya no funciona porque la comunicación y la persuasión están en manos de quienes con maestría usan sus redes sociales, con o sin intención, para difundir opiniones sin argumentos científicos, prejuicios o mentiras, e información imprecisa, descontextualizada o incompleta, con la que con facilidad capturan a los susceptibles de creer en teorías de la conspiración o de seguir todo lo ‘anti’, como el movimiento antivacunas.
Entiendo también que el Gobierno colombiano, igual que la mayoría de los gobiernos, no quiera decretar la vacunación obligatoria, pues tendría que lidiar con demandas para las cuales la jurisprudencia jugaría en su contra: el libre desarrollo de la personalidad, la objeción de conciencia y hasta el artículo 10 de la ley que regula el derecho fundamental a la salud, que dice que “ninguna persona podrá ser obligada, contra su voluntad, a recibir un tratamiento en salud”, serían solo algunos de los argumentos con los que se podría caer cualquier medida que haga obligatorio vacunarse contra el covid.
No obstante, Acemi tiene sustento con el que valdría la pena dar la pelea. Por ejemplo, dicho artículo habla de tratamientos, es decir, de procedimientos para personas enfermas, no para personas sanas, como son las que han de vacunarse, lo que además no es propiamente un tratamiento, sino una medida de prevención, igual que usar tapabocas o, con otros fines, el cinturón de seguridad, lo cual es obligatorio y no hay que discutir. Además, como lo dice el artículo 49 de la Constitución: “Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad… y es su deber obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias a situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas”. Por si fuera poco, la evidencia con otras enfermedades muestra cuán inconveniente es dejar que la superstición haga carrera. Un buen ejemplo es el rebrote de sarampión. En los primeros 6 meses de 2018, solo en Europa y por culpa de la tendencia antivacunas, los casos duplicaron el total que hubo en 2017.
Así las cosas, creo que es claro que estamos en una situación en la que hay que priorizar los deberes sobre los derechos, aunque en esto se puede hilar más fino. A fin de cuentas, quienes dicen tener derecho a no vacunarse están limitando el derecho al trabajo, al estudio y a la movilidad de la mayoría de la población, pues su negativa derivará en que, incluso si muchos nos vacunamos, no seamos suficientes para alcanzar la inmunidad de rebaño que nos permita retomar la vida normal. Y si no prospera una medida de obligatoriedad, toca hacerla obligatoria con mañita. Por ejemplo, priorizando el acceso a empleos, a créditos y a becas para quienes estén vacunados y lo demuestren debidamente.
Si aun así insisten en no querer inmunizarse, se les extiende la amable invitación a quedarse en sus casas para siempre.
Claudia Isabel Palacios Giraldo
