Si bien reconozco el gran esfuerzo que implica para una institución congelada en el pasado haber pedido perdón públicamente a las víctimas de abuso sexual y de encubrimiento de ese delito por parte de obispos y sacerdotes, esto no es más que un paso de paquidermo. Es decir, un paso lento, pesado y mínimo ante el tamaño de las necesidades de las víctimas. La solicitud de perdón, hecha por el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis José Rueda, estuvo acompañada de la publicación del documento ‘Cultura del cuidado en la Iglesia católica colombiana: líneas guía’, que en sus 43 páginas es reiterativo tanto en reconocer el daño causado a las víctimas como en resaltar la importancia de tratar con misericordia y presunción de inocencia a sus victimarios, a los que no califica como pederastas.
De hecho, el documento no usa la palabra ‘pederastia’ sino la frase “hechos dolorosos de abuso y maltrato al interior de la Iglesia”. ¿Por qué la dificultad en llamar las cosas por su nombre? Me explica un notable prelado que es porque la frase amplía el espectro de los comportamientos reprochables. No me satisface su respuesta porque lo que es un claro delito entre esos comportamientos tiene nombre, se llama pederastia, y pronunciar la palabra con todas sus letras le daría credibilidad al acto de contrición.
No es la única forma como el documento suaviza el lenguaje. El título da a pensar que podría tratarse de otra cosa: ¿‘Cultura del cuidado…?, una denominación intencional, ya que cambia el nombre del grupo creado en 2018 para atender la crisis por estos casos, que se llamaba “Comisión Nacional para la Protección de Menores”. Y en cuanto a las medidas concretas, llama la atención que la suscripción de las ‘líneas guía’ por parte de “personas que prestan su colaboración en un ambiente eclesial” empezará a ser obligatoria solo a partir del 1.º de enero de 2025.
La explicación es que se requiere tiempo para hacer los talleres con los que se darán a conocer las guías en las 78 jurisdicciones eclesiales del país. ¡Dos años para que curas, monjas, catequistas, docentes y otros colaboradores de los ambientes eclesiales entiendan que no pueden abusar de niñas, niños y adolescentes, ni encubrir a quienes lo hagan!, ¿así de contaminados están esos espacios que no hay cómo implementar desde ya una medida básica para proteger un derecho que está incluso consagrado en la Constitución Nacional?
Sumado a lo anterior, el documento habla de reparar integralmente a las víctimas, pero no dice una palabra de cuántas son y qué necesitan. La Conferencia Episcopal asegura que no tiene un consolidado de los casos porque cada jurisdicción maneja las denuncias que le llegan. O sea, el ratón cuidando el queso. Resulta desconcertante que tras tantos años desde que estalló el escándalo de pederastia en la Iglesia católica e incluso con los ‘Motu proprio’ emitidos por el papa Francisco en 2019, que levantaron el Secreto Pontificio y ordenaron a todos los miembros del clero a denunciar estos delitos, la Iglesia colombiana no tenga un registro nacional de los hechos y no haya creado mecanismos efectivos que les den a las víctimas la confianza para denunciar. La Iglesia en el país que más recientemente ha revelado la magnitud de la pederastia dentro de sus templos, la de Portugal, logró hacerlo porque contrató una comisión independiente, que acaba de develar que ha habido más de 4.800 víctimas y que dijo que como el 95 % de los casos ya prescribieron, hay que modificar las leyes para ampliar la prescripción a 30 años. Un claro ejemplo de que para saber la verdad se requiere que los miembros del clero se hagan a un lado, pues entre ellos se tratan con excesiva condescendencia. Ese sí sería un paso proporcional al tamaño del daño causado y podría contribuir a que recuperemos la confianza en la Iglesia quienes la hemos perdido.
Claudia Isabel Palacios Giraldo