Empiezo a escribir esta columna justo después de haber enviado a la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente mis documentos sobre voluntad anticipada y eutanasia. Me tomó media hora descargarlos de la página https://dmd.org.co/, leerlos, llenarlos, pedirles a mi esposo y a mi hijo que firmaran como testigos, escanearlos, enviarlos de vuelta a la fundación y compartirlos por WhatsApp con familiares cercanos y mi médica.
Ahora tengo la tranquilidad de que si llego a quedar mentalmente incapacitada para tomar decisiones sobre tratamientos médicos que podrían hacerme y/o sobre mi situación de vida, no solo se hará mi voluntad, sino que mis seres queridos no tendrán que pasar por el dolor y la tensión de debatir qué hubiera querido yo que hicieran conmigo. Soy parte del 25 % de los 15.000 colombianos/as que estamos sanos y con décadas de expectativa de vida, que tenemos activo un documento de voluntad anticipada registrado en esta fundación, pues la gran mayoría son personas que lo han firmado tras ser diagnosticadas con una enfermedad grave y tienen en promedio 70 años.
No conozco a nadie que quiera estar postrado, impedido para comer, asearse y hacer lo que sus principios le dicten; pero como ninguna persona, ni por joven y saludable que sea, está exenta de quedar en una circunstancia así, creo que dejar firmada una voluntad anticipada es un mero acto de respeto por la familia y por uno mismo. Incluso quienes no están de acuerdo con la eutanasia y quienes fielmente creen que la voluntad de Dios debe prevalecer en cualquier escenario deberían dejar por escrito y legalizada su preferencia, en aras de evitar situaciones de discordia por interpretaciones de sus familiares o de no quedar a merced de las creencias del personal de salud, educado para prolongar la vida biológica incluso más allá de lo que la voluntad divina podría determinar.
Hablar de la muerte y de cómo vivir el final de la vida debería ser parte de la educación cívica. Es oportuno tomar conciencia de que los escenarios que se derivan de una condición de postración o incluso de algunas circunstancias de la vida, tanto de viejos como de jóvenes, son demasiado complejos como para dejar su manejo en manos de terceros, incluidos unos que pueden ser vistos como materialistas pero que son reales, asociados al costo económico de mantener a la persona con algún nivel de dignidad. Celebro que en Colombia estemos dando pasos, aunque pequeños, en ese sentido. Por ejemplo, en algunos meses entrará en vigor la resolución sobre Interoperabilidad en Historia Clínica, expedida el 25 de junio de este año por el Minsalud y el Mintic, que contempla que en esta se registre la voluntad anticipada del paciente.
Mientras escribo este texto, la Corte Constitucional debate sobre el homicidio por piedad; y justo este 20 de julio, el congresista Reyes Kuri volvió a radicar su proyecto sobre eutanasia. Invito a quienes ponen tabúes a estos temas a reflexionar basándose en los datos, aunque aún son pocos: 1 de cada 5 solicitudes que recibe la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente es de familias que desean darle a un ser querido la muerte digna que saben que este hubiera deseado, pero que no dejó legalizada su voluntad anticipadamente. 33 de las 151 eutanasias aplicadas desde que esta es legal se han hecho con un documento de voluntad anticipada, lo cual da pistas sobre el porcentaje de personas que llegan a su final de vida sin poder decidir cómo quieren morir. Además, según el Observatorio de Cuidados Paliativos, las enfermedades crónicas fueron la primera causa de atención en 2018, con el 70,6 % de la demanda de servicios de salud.
Mi columna anterior, en la que expuse el caso de mi madre, fue en principio una necesidad del alma, pero la avalancha de mensajes que me enviaron cientos de personas en desesperadas y dolorosas situaciones similares me impele a continuar.
Video Lectura de la Columna:
Claudia Isabel Palacios Giraldo
