¡Cuán oportuna para retomar el debate sobre la despenalización del aborto en Colombia resulta la decisión del Tribunal Constitucional de España, emitida el 15 de diciembre, respecto a las recusaciones contra dos de sus miembros! El líder independentista, Carles Puigdemont, argumentó que una magistrada y un magistrado no daban garantías de imparcialidad para discutir su caso, pues fueron propuestos por el PP, partido opositor al independentismo catalán, y porque el magistrado había dado declaraciones en las que pidió que cayera “todo el peso de la ley” sobre los dirigentes independentistas; y la magistrada había decidido anteriormente en contra de la conducta de personas sobre las que estaba teniendo que evaluar un nuevo caso, ahora como miembro del Tribunal Constitucional.
Los magistrados de ese tribunal dijeron: “Descarta que pueda fundarse una duda legítima de imparcialidad, sea por la exteriorización jurisdiccional de un criterio jurídico al resolver un proceso o al discrepar de lo resuelto a través de la formulación de un voto particular, sea por las manifestaciones vertidas en publicaciones académicas o en artículos de opinión antes de haber adquirido la condición de magistrado”. Y agregan: “No solo el Tribunal Constitucional sino también el resto de Tribunales jurisdiccionales deben ser integrados por Jueces que no tengan la mente vacía sobre los asuntos jurídicos sometidos a su consideración”.
¡Fabuloso avance que rompe con prácticas que tienen un tinte solapado!, pues ¿qué garantía es que un miembro de un tribunal no emita opiniones sobre temas sobre los que debe fallar si desde antes de ser elegido se conoce su tendencia –conservadora o liberal–, debido a su propia trayectoria profesional? La garantía real sería que siempre haya fallado en derecho, al margen de sus legítimas posturas ideológicas; lo cual no se consigue con impedirle que comente u opine, sino evaluando el apego de sus argumentos a la Constitución.
Invito entonces al conjuez Hernando Yepes Arcila a emular la directriz del Tribunal Español frente a la decisión que hoy debe tomar sobre el impedimento presentado por el magistrado Alejandro Linares en la discusión de la demanda para la despenalización total del aborto. Además, recordemos lo que dijo Linares en la entrevista con Semana: “(…) gente muy cercana a uno, como la mamá, que le dice que es una locura despenalizar el aborto. O como los hijos que le dicen: papá estoy de acuerdo contigo con la despenalización del aborto, o, no estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto… Uno no puede no escuchar a la gente, la labor más importante de un magistrado es escuchar a todo el mundo y después fallar calladamente y sin presiones, como manda la Constitución”. ¡Cómo puede implicar esto una falta de garantías para fallar en derecho, si esa frase no es ni un concepto jurídico y ni siquiera es una opinión sobre los argumentos de la demanda! Fue un ejemplo en el marco de una entrevista sobre otro tema, basado en la postura ya conocida del propio magistrado sobre el aborto, pues fue justamente él el ponente en el estudio de la demanda que pidió volver a penalizar el aborto en cualquier circunstancia. Su ponencia, que no fue acogida por sus colegas, no solo era contraria a lo que pedía la demandante, sino que planteaba despenalizar el aborto por cualquier causal en los 3 primeros meses de gestación.
Así las cosas, ¿qué de revelador y de imparcial tiene lo que dijo Linares en la entrevista con Semana? Más bien, sería sospechoso que el conjuez Yepes Arcila, de conocida tendencia conservadora y devoto católico, acepte la solicitud de impedimento del magistrado Linares, desatendiendo algo que debería ser obvio, como ya lo dijo el Tribunal Español: “Ningún juez puede ser descalificado en razón de sus ideas”.
Claudia Isabel Palacios Giraldo
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