Hay más de un indignado (incluyéndome) por la presencia de Emilio Tapia en una emblemática parranda de élite en el marco del Festival Vallenato. Por varias razones se nos pueden revolver las tripas por ese hecho: la mía es la falta de sanción social para un personaje condenado dos veces por hechos de corrupción multimillonarios, que afectaron nada más y nada menos que las oportunidades de aprendizaje de miles de niños y niñas, en el caso Centros Poblados; y la movilidad de millones de personas, en el caso del ‘carrusel de la contratación’. Y es que aunque no celebro las rebajas de penas que ha recibido Emilio Tapia, es claro que el aparato de justicia ha hecho su trabajo, a pesar de lo que no nos gusta, especialmente cuando se trata de delincuentes reincidentes, como él lo es.
Me refiero a que condonar parte de la pena por buen comportamiento y por otras razones es parte de lo que la justicia contempla para casi todos los delitos, lo cual surge de motivaciones que son hasta cierto punto razonables, si se tienen en cuenta fenómenos como el hacinamiento carcelario, las limitaciones de la justicia punitiva para eliminar de fondo la delincuencia o las estrategias judiciales para identificar en la máxima medida a todos los responsables de los delitos investigados. Mi yo ciudadano no pelea con esas prebendas para delincuentes, aunque no lo considere ideal. Sí lo hace con el abuso de dichas herramientas por parte de jueces y abogados, pero hablar de eso requeriría un espacio más amplio.
Con lo que hoy pelea mi yo ciudadano es con los y las ciudadanas que no tienen reparo en revalidar el estatus social del delincuente. Esa parte de mí quisiera ver actos cívicos contundentes hacia los corruptos y en general hacia los delincuentes, que aunque hayan pagado las deudas con la justicia no lo hayan hecho con la sociedad.
¿Qué tal, por ejemplo, evacuar el salón en donde un tipo como Tapia ponga un pie? Digo esto a pesar de que no soy propiamente una defensora de la cultura de la cancelación, a la que en muchos casos considero desproporcionada y contraproducente, incluso aunque sea justa. Pero lo planteo por el cinismo con el que usan los beneficios dados por la justicia —sea la ordinaria o las restaurativas— los corruptos como Tapia, o secuestradores, reclutadores de menores de edad y asesinos como algunos de los exmiembros de las Farc, del narcotráfico y del paramilitarismo.
Ese cinismo que los lleva a considerar que estar en una parranda con alcance público es algo de lo más normal dentro de su supuesto proceso de resocialización, o que tienen la autoridad moral para trinar en contra de acosadores sexuales cuando se ha sido parte de un entramaje de delitos sexuales, los hace fieles protagonistas del dicho popular “tras de ladrón, bufón”, y es una manera de revictimizar y de no reparar a la sociedad.
A esos personajes, más que años de cárcel, les hacen falta años de sanción social. Sus derechos los pueden ejercer en contextos en los que no se entiendan como burla, y eso pasa por autoimponerse un prudente encierro y silencio. Como está claro que algo en su ser —¿egolatría?— les impide actuar con tal ponderación, nos corresponde a los y a las ciudadanas ponerlos en su lugar cada que asomen la cabeza.
Sé que, desafortunadamente, instar a la gente a esto es una utopía. Me lo confirma uno de los datos de la encuesta que revela hoy la Alcaldía de Bogotá sobre cultura ciudadana: ¡solo 14,2 % de la gente no quisiera tener de vecino a un corrupto, la mitad de quienes contestan que no quisieran tener de vecino a alguien que ejerza la prostitución! ¿De verdad es más grave ser prostituta que ser corrupto? Jem… sí, definitivamente, estoy pidiendo mucho; tengo claro que soy yo la que no he entendido nada. Por eso me digo a mí misma: ¡ay, hombe… qué Tapia!
Claudia Isabel Palacios Giraldo
