El historiador británico John Lynch dice en su ensayo ‘El gendarme necesario: los caudillos como agentes del orden social’ que estos fueron personajes cuya base de poder personal fue más convincente para sus seguidores que la protección de la Constitución, pues aunque esta establecía pautas para la vida política, no podía garantizar el orden ni la tranquilidad, pues por sí misma no podía poner en práctica esas pautas. El ensayo de Lynch se refiere a caudillos del continente en el siglo XIX, pero sigue vigente. Claro, con adaptaciones, pues los caudillos de nuestro tiempo no se pelean con la Constitución y la ley, sino que las interpretan y adaptan a sus necesidades e ideologías, con lo que se envisten de legalidad y garantizan mayor fidelidad de sus incondicionales seguidores.
Traigo esto a colación a propósito de las reacciones de los extremos por la privación de la libertad para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues veo en ambas partes apuestas cargadas de emociones, en las que se evidencia que prima el popular concepto ‘si no estás conmigo, estás contra mí’, que nos enrostra que de alguna manera seguimos anclados en el caudillismo del siglo XIX. Este momento tendría que servir para algo más que exacerbar los ánimos, pues nos insta a reconocer que al ubicarnos en los extremos quedamos dispuestos a justificar que por determinadas circunstancias es aceptable flexibilizar los principios éticos que les exigimos a nuestros contrarios en cualquier escenario. Que la justicia eventualmente llegue a probar que Álvaro Uribe es culpable no solo de determinar el soborno a unos testigos, sino masacres y conformación de grupos paramilitares, jamás lo despojará de ser quien les devolvió la seguridad a miles de colombianos de todas las clases, que llevaban años a merced de un Estado incapaz de contener y castigar la barbarie a la que los tenían sometidos las guerrillas.
No obstante, el reconocimiento de esto no debe impedir tomar distancia de los eventuales delitos que este haya cometido, incluso si se consideran necesarios para el logro de la seguridad esperada. Por eso es pertinente alistarse para el posible escenario en que Uribe sea declarado culpable, sin que esto implique perderle un ápice de gratitud, pero tampoco incendiar el país para rechazar esta hipotética decisión judicial. En otras palabras, aceptar que así fue porque así toco no justifica promover que así deba seguir siendo.
Del otro extremo, poco aporte le hacen a la paz quienes celebran una decisión en contra de Uribe, pues en esa orilla sí que hay muchos que han justificado lo aborrecible en aras de imponer sus ideologías y de arrogarse la defensa de unos derechos para unos beneficiarios que han terminado siendo sus mayores víctimas.
Por eso creo que lo mejor que podemos sacar de esta coyuntura es liberarnos de los caudillos, pues en la medida en que los seguidores les mostremos a los líderes que no somos incondicionales y que podemos reemplazarlos cuando quieran flexibilizar las normas, estos estarán menos tentados a abusar de su carisma para polarizar y usar a su antojo el poder.
Entre tanto, ignoro si hay un principio en la justicia convencional que permita moderar una condena bajo los supuestos de estallido social, que en el caso de un eventual fallo adverso contra Uribe quizá no sería un nuevo Bogotazo, pero sí algo que nos condene a seguir en la misma página que ya es necesario pasar. Para decirlo más claro, si Uribe definitivamente no va a la JEP, donde podría librarse de la cárcel si aun al contar toda su verdad fuera condenado, la justicia ordinaria que lo procesa debería considerar también una condena que no lo prive de la libertad y le permita seguir ejerciendo su liderazgo en pleno derecho.
Claudia Isabel Palacios Giraldo
