Durante los 8 años que viví en Atlanta, mientras trabajaba para CNN en Español, conocí cientos de casos de migrantes que buscaban realizar el llamado sueño americano. Por esa experiencia, más la de haber cubierto el voto hispano en las elecciones que llevaron a Barack Obama por primera vez a la presidencia de los Estados Unidos, tengo el conocimiento para decir que muchos de esos inmigrantes, hoy más indeseados que siempre, llegan allá como consecuencia de embarazos no planeados.
Me explico: entre los migrantes abundan las historias de mamás hispanas que trabajan en lo que salga con tal de ganar plata para enviarles a sus hijos, a quienes han dejado al cuidado de las abuelas; o las de padres que dejan a su familia en algún pueblo de América Latina con la promesa de volver en cuanto completen los dólares suficientes para construirles una casa; o las de jóvenes que se aventuran a conquistar un mundo nuevo, hartos de no tener opciones de trabajo o estudio. Gente que migra para tener cómo mantener a otra gente que ha traído o que los ha traído al mundo como por inercia, esa que deriva de lo que nos enseñan en primaria: los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¡La reproducción como un paso obligatorio del ciclo de la vida!
“Es una incoherencia de Estados Unidos que, mientras refuerza leyes para expulsar a los migrantes, restablezcan la norma conocida como ‘Gag Rule'”
Según Unfpa, en América Latina y el Caribe nacen por año 3,6 millones de bebés de adolescentes, y, según Guttmacher Institute, si estas niñas tuvieran acceso idóneo a anticonceptivos, la cifra bajaría en un 1,2 millones. Es decir, un potencial enorme de menos ciudadanos con necesidades insatisfechas que acudan a la migración como opción para salir de la pobreza. Por eso creo que es una incoherencia de Estados Unidos, y especialmente de cada gobierno republicano, que mientras refuerzan leyes para expulsar a los migrantes o dificultar el ingreso de nuevos migrantes, restablezcan la norma originalmente llamada Gag Rule, que prohíbe la destinación de fondos de EE. UU. a organizaciones fuera de ese país que ofrezcan información o servicios de aborto. En la era Trump, esta norma es llamada Global Health Program y comprende también a agrupaciones que promuevan campañas contra el zika y el VIH.
En Colombia, la organización afectada es Profamilia, que deberá terminar un año y medio antes de lo previsto un proyecto de 2 millones de dólares financiado por Usaid en 10 municipios, el cual tiene como objetivo disminuir en 2 puntos porcentuales la tasa de embarazo en adolescentes. No ofreciéndoles como prioridad el aborto, sino educando a jóvenes, mujeres y gobiernos locales en derechos sexuales y reproductivos. En Fundación, Magdalena, donde se hizo el piloto de ese proyecto, el embarazo en adolescentes es de 33 %, casi el doble del nivel nacional.
Los resultados mostraron que tras dos años de trabajo, la fecundidad bajó de 2,6 a 2,4 hijos por mujer, el uso de anticonceptivos aumentó del 73 al 76 % y el conocimiento comprensivo sobre el VIH sida, del 23 al 30 %. Resultados nada despreciables, que serán arrojados a la caneca por causa del dichoso Global Health Program.
Es claro que esta decisión es producto de la presión de organizaciones antiaborto, pero qué tendrá que pasar para que quienes están en contra del aborto con el argumento de que es una violación del derecho a la vida del que está por nacer vean la relación entre la falta de acceso al aborto seguro y la llegada de migrantes a los que muchos en EE. UU. les niegan o les pretenden negar otros derechos.
Estados Unidos, un país que pone sus recursos económicos y talento para combatir epidemias como la gripa aviar en todo el mundo, debería ver el embarazo en adolescentes como otra de esas epidemias de las tantas que dicen que amenazan su seguridad e identidad.
CLAUDIA PALACIOS GIRALDO
