El Pacto de Equidad para las Mujeres, colgado en la página del Departamento Nacional de Planeación, es una encantadora poesía en verso no llevada a la prosa del proyecto de ley de Plan de Desarrollo. Por ejemplo, el pacto dice: “Crearemos, entre otras instancias, el Sistema Nacional de las Mujeres para incluir en la agenda pública los derechos humanos de ellas”, pero esto no aparece en ninguno de los artículos del proyecto, que debe ser votado en primer debate, por tarde, este sábado.
De hecho, aunque el pacto tiene por primera vez un capítulo entero dedicado exclusivamente al tema de mujer, en el proyecto solo hay un artículo directamente relacionado con estos temas. Este dice que se definirá un marcador de equidad para las mujeres con el fin de que las entidades que conforman el presupuesto identifiquen las asignaciones presupuestales para asuntos de mujer y presenten cada año un informe de recursos y resultados de la vigencia anterior, y de la vigencia en curso.
Para la Comisión de Mujeres del Congreso, esto no solo es insuficiente sino de muy difícil control político, pues no es claro cómo se deben usar los recursos para cumplir con dicho marcador de equidad, ni esto garantiza que haya una partida específica para mujeres o que esta no se ‘disuelva’ en proyectos más genéricos o que atiendan a poblaciones más amplias.
Y si no es por la presión de organizaciones de mujeres, que lograron cambiar el proyecto inicial, este hubiera derogado el artículo 232 de la ley de mujer rural, que ordena la creación de una política pública de mujer rural orientada a superar las brechas entre las mujeres del campo y las de la ciudad.
Entre tanto, la consejera para la Equidad de la Mujer, Ana María Tribín, destaca que, a pesar de las dificultades presupuestales, ya Planeación destinó 5 billones de pesos específicamente para cumplir las metas sobre mujer que deben asumir las diferentes entidades de gobierno, así como ya está previsto aumentar de 236.000 a 800.000 los empleos para mujeres a través del Servicio Público de Empleo (valga anotar que esto está previsto en el pacto, mas no en el proyecto de ley). Y responde que no es cierto que las prácticas amigables de empleo, como las que promueve el pacto –trabajo en casa y horarios flexibles para las mujeres– refuercen la carga de las mujeres, como lo aseguran algunas críticas como la especialista en economía feminista Natalia Moreno, en un reciente artículo publicado en el portal La Silla Vacía, en el cual dice que esas prácticas son una reforma laboral escondida que perpetúa que las mujeres deban trabajar largas jornadas entre trabajo remunerado y no remunerado.
Moreno critica además que se mantenga el programa Familias en Acción, pues, a su juicio, este fortalece la división sexual del trabajo. Pero, para el Gobierno, el programa debe permanecer porque ha favorecido a las mujeres al disminuir la violencia intrafamiliar entre las familias beneficiarias y ha aumentado la escolaridad y las visitas a centros de salud tanto de mujeres como de hombres.
Al margen de las diferencias ideológicas entre las especialistas en género, cuesta creer que en lo que plantea el pacto, y más aún el proyecto de ley, esto sea lo máximo y mejor que se pueda hacer ante la necesidad de balancear los desafíos de equidad de género con la realidad presupuestal del país. Una meta como bajar la brecha de género en el trabajo de 17,56 a 16,70 por ciento en un cuatrienio suena tan poco ambiciosa que no es fácil justificarla por la eventual falta de presupuesto. Así las cosas, señores y señoras congresistas, estamos en sus manos.
