El 53,4% de las personas que dijeron haber necesitado algún servicio de salud sexual y reproductiva durante la pandemia no lo pudieron satisfacer, según una encuesta reciente realizada por Profamilia, fuera porque evitaron salir de su casa para protegerse del covid, porque su EPS o IPS suspendió el servicio o no les comunicó si lo seguía prestando durante el confinamiento, o porque se quedaron sin dinero para cubrirlo. Y entre los servicios más necesitados estuvieron las consultas de anticoncepción y el acceso a anticonceptivos, necesidad que se quintuplicó.
Por su parte, el Ministerio de Salud calcula que los servicios de salud sexual y reproductiva se redujeron, por causa de la pandemia, entre un 5 y un 25 por ciento. ¿Qué incremento en el número de nacimientos debemos esperar debido a que durante la pandemia ha habido menos acceso a píldoras, inyecciones, condones, dispositivos, ligaduras de trompas y vasectomías? Difícil cuantificarlo con exactitud, pero es lógico pensar que muchos de los/as bebés que están naciendo desde diciembre son consecuencia de esa realidad, y preocupante pensar que una parte de estos/as están llevando al alza del porcentaje de hijos/as no planeados, que en nuestro país ronda históricamente un vergonzoso 52 %, según el mismo ministerio.
El incremento en la tasa de embarazos no planeados, aunque muchos de los/as progenitores/as asuman con responsabilidad y amor la tarea de criar, debe ser un reto adicional dentro de la llamada recuperación poscovid. Más aún si vemos que entre los grupos de población que han aumentado la demanda de servicios de salud sexual y reproductiva –incluso 10 puntos por encima del promedio– están las mujeres, las personas con ingresos mensuales inferiores a un millón de pesos, y jóvenes entre los 18 y los 29 años; es decir, poblaciones con algún nivel de vulnerabilidad o inequidad, que de por sí requieren más servicios del Estado.
Sé que muchos tienden a creer que todo ‘niño llega con el pan debajo del brazo’, pero quienes vemos las tasas de natalidad en dimensiones más amplias que las religiosas y románticas sabemos que los embarazos no planeados, y más aún los no deseados, operan en contra de la protección de la niñez, la estabilidad de la familia y el bienestar de la sociedad.
Por todo lo anterior, celebro que Profamilia y Bayer se hayan aliado para ofrecer servicios de salud sexual y reproductiva de manera ambulante. Empezarán este viernes en Barranquilla, con 1.500 personas; una cifra importante, pero desde luego insuficiente para las necesidades del país. Por eso es necesario que las EPS, IPS y otras entidades y empresas sigan el ejemplo, a pesar del enorme esfuerzo logístico que esto implica. Y el Gobierno Nacional debería renovar la exigencia de que los prestadores de salud garanticen a sus afiliadas provisión de anticonceptivos orales o inyectables e información y acceso sobre su derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo en determinadas condiciones.
Valga mencionar que con la pandemia también ha aumentado la violencia de pareja, entre lo que se cuenta el abuso sexual. Por tanto, es aún más pertinente que las mujeres víctimas de este delito sepan que si quedan embarazadas en esas condiciones, aunque sea de sus parejas permanentes, tienen derecho legal a que se les practique un aborto.
Nota. La mencionada encuesta de Profamilia trae otros curiosos datos. Para evitar contagiarse con covid, el 13 % de las personas evitaron las relaciones sexuales. Y al margen del contagio, el 25 % dice que disminuyó la frecuencia de su actividad sexual durante la pandemia; el 17 %, que dejó de tener relaciones sexuales, y el 35 % de las personas mayores de 49 años aseguraron que no tienen relaciones sexuales.
Claudia Isabel Palacios Giraldo