Acaba de salir el Índice de Dolor de la empresa Haleon, en el que por primera vez fue incluida Colombia. El resultado, en nuestro país el 93 % de las personas han sufrido algún tipo de dolor y la mitad de ellas se han sentido estigmatizadas por eso. La cifra se suma a las reveladas hace dos meses por la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, que mostró que el 53,6 % de la población colombiana mayor de 18 años padece algún tipo de dolor crónico y el 42 % de estas personas se automedican. Estos datos llegan en momentos en que 6 asociaciones científicas han hecho evidente su desconfianza en la idoneidad del nuevo director del Fondo de Estupefacientes, David Curtidor Argüello, quien tiene entre sus funciones gestionar el importe de materias primas y los contratos con farmacéuticas establecidas en Colombia para la fabricación de opioides que son monopolio del Estado (hidromorfona, meperidina, metadona en tabletas y morfina) y los que son de manejo privado pero con regulación estatal (tramadol, oxicodona, fentanilo, tapentadol, entre otros).
El Gobierno Nacional les ha respondido dos veces a las asociaciones científicas que Curtidor sí cumple con los requisitos, y otras fuentes que he consultado aseguran que si bien su experiencia técnica y farmacéutica no es significativa, sí lo es la que tiene en coca y sus derivados, pues es cofundador de la empresa indígena Coca Nasa, lo que además lo debe llevar a declararse impedido para tomar algunas decisiones de su cargo, de manera que no incurra en conflicto de intereses.
El caso es que sus primeras intervenciones como director han dejado con dudas a la industria farmacéutica y a las Sociedades Científicas, que desde el gobierno Duque vienen tratando de contrarrestar el efecto del concepto sobre opioides que emitió en 2021 y ratificó en agosto del año en curso la Comisión Revisora de Medicamentos del Invima, en el sentido de prohibir el suministro de este tipo de productos a pacientes no oncológicos. Para las farmacéuticas, esto pone en riesgo de no tener cómo tratar el dolor en el día a día a 15.000 colombianos/as que tienen algún tipo de dolor crónico no oncológico, y además es contrario a la normativa sobre cuidados paliativos.
Si a esto se suma lo que sucede en materia de acceso a cannabis medicinal, a pesar de que hay una ley para el cultivo y la fabricación de productos con este fin, se ve claramente que el Estado Colombiano no está respondiendo a las necesidades de quienes sufren dolor físico. El trámite de las licencias para las empresas de cannabis es prácticamente nulo y solo el 13 % de los/as médicos dicen sentirse muy o bastante preparados para responderles preguntas a sus pacientes sobre el uso de cannabis medicinal, a pesar de que casi el 60 % de las personas dicen estar de acuerdo con que estos productos sean prescritos por profesionales de salud, según encuestas del Observatorio Colombiano de la Industria del Cannabis.
A juicio de algunos especialistas, el bajo interés en tomar decisiones sobre estos temas radicaría en el temor de que, por lo menos para el caso de los opioides, Colombia sufra una epidemia de adicción a estos como la que ha sufrido Estados Unidos. Este temor ha sido respondido con el argumento de que los controles en nuestro país han sido efectivos para garantizar que estos productos solo los manejen personas y entidades autorizadas. El Fondo de Estupefacientes ha acompañado este punto de vista, pero ya varios se preguntan si habrá un cambio con la llegada del señor Curtidor, quien por la premura de la solicitud para conversar no tuvo disponibilidad de agenda para responderme. Por lo pronto, es importante que él pueda nombrar a su equipo, pues solo cuenta con una veintena de personas de planta. A los 100 que trabajaban por prestación de servicios se les vencieron los contratos el 30 de noviembre y nadie les ha hablado de renovación. Ellos también dicen, ayayay.
Claudia Isabel Palacios Giraldo
