En un escenario ideal, una columna de los primeros días de enero debería ofrecer ideas para empezar el año con buena energía, identificar oportunidades del nuevo ciclo del calendario y dar herramientas para sortear los desafíos que se avizoran en el panorama. No obstante, esta vez está difícil ofrecer ese escenario ideal.
Las decisiones de política económica que tomó el Gobierno en los últimos días del 2025 y los posteriores análisis de personas expertas en lo laboral, lo empresarial y lo macroeconómico, en el mejor de los escenarios solo dan lugar a una gran incertidumbre y, de nuevo, ponen en evidencia el enorme desafío de comunicar lo complejo de manera fácil de procesar para el ciudadano del común, de modo que este pueda formarse una opinión sin la toxicidad propia del fanatismo político.
Este preámbulo es para ponerles marco a los tres mensajes que voy a aportar al análisis, pues claramente no se apegan a lo que se entiende como ‘lo técnico’ en el funcionamiento de la economía, sino a la realidad de cómo se comporta la sociedad:
1) El aumento del salario mínimo en un porcentaje incluso mucho mayor que el solicitado por los sindicatos es una medida cuyo propósito es ante todo electoral. De no ser así, el Presidente habría hecho aumentos para lograr un “salario mínimo vital” desde la primera oportunidad que tuvo de hacerlo, es decir, en diciembre de 2022, y no se habría esperado al último chance, en la recta final de su mandato, cuando mejor puede capitalizar esta decisión en pro de la elección del candidato que le dé continuidad a su proyecto.
Siendo así, y aun entendiendo que quienes plantean demandar el aumento están en todo su derecho, pienso que la respuesta debe tener también propósito electoral. Y, desde luego, pocas cosas pueden ser menos capitalizables electoralmente que hacer algo para reducirle los ingresos a la gente. Es decir, el Gobierno Nacional hizo una jugada en la que con cara gana y con sello también: con el aumento garantiza los votos de las familias que se verán inmediatamente beneficiadas y que no sentirán antes de elecciones las serias consecuencias que advierten los expertos.
Y con el eventual fallo adverso del Consejo de Estado, el Gobierno también ganaría porque tendría un argumento a favor para solicitar votos para cuatro años más de progresismo y para ganar adeptos para su propósito de cambiar la Constitución, justamente en aras, entre otras cosas, de tener magistrados más afines a sus decisiones.
En otras palabras, la afectación al sector productivo y a las finanzas públicas, aun con la gravedad advertida por quienes dominan la materia, quedan en segundo plano frente a lo que está en juego de fondo: la reelección del proyecto político de Gustavo Petro. Por eso, insisto, la respuesta debe tener propósito electoral/social, no técnico.
2) Las pymes, que como lo advirtieron los ministros de Hacienda y del Trabajo tendrán un impacto que hay que contrarrestar, tienen una gran oportunidad de recoger evidencia, de alfabetizar a sus colaboradores en la realidad de lo que es hacer empresa en Colombia y de volverlos sus mejores aliados. Es decir, tienen la oportunidad de desbaratar la narrativa antiempresa que ha construido el Gobierno, si incluyen entre sus retos de este momento el de atender no solo el árbol que puede morir, sino el bosque que se puede contagiar.
3) Para las personas naturales que contratan gente a la que le pagan salario mínimo y que por el aumento se están planteando si las pueden seguir empleando, esta es la oportunidad de reflexionar con una perspectiva ética sobre el lujo de vivir en un país donde casi todos los servicios del cuidado son muy mal remunerados, cuando no son gratis.
¿Queremos un país más desarrollado y nos aterra otro estallido social? Paguemos por el cuidado lo que realmente vale, no solo porque es lo correcto sino porque hoy lo que más importa no es lo técnico, sino lo social.
Claudia Isabel Palacios Giraldo
