En el contexto de dolor ante un hecho trágico y violento, entiendo las reacciones de quienes se ofendieron por la presencia del expresidente Santos en el funeral de Miguel Uribe Turbay. Pero en coherencia con el llamado que muchos hemos hecho tras el atentado contra el senador para que seamos conscientes del impacto de las palabras en la materialización de acciones violentas, pienso que no es razonable relacionar el legado del gobierno Santos –el Acuerdo de paz con las Farc– con el asesinato del también candidato presidencial. Además, inspirada en la estoica María Claudia Tarazona, quien pidió justicia al tiempo que rechazó cualquier acto de violencia y venganza para honrar la muerte de su esposo Miguel, considero peligroso dejar que esa narrativa se imponga.
A pesar de lo efectista que sea decir que “Santos les devolvió el poder a los criminales”, como lo dijo el expresidente Uribe; o que “su legado y el de sus aliados contribuyó a la violencia que hoy enluta al país”, como trinó el Centro Democrático, eso no es cierto. Lo obvio es decir que quien sucedió a Santos en el poder no fue un criminal sino un hombre probo, Iván Duque Márquez, ungido por la popularidad de la que gozaba Álvaro Uribe justamente como consecuencia de la inconformidad de más de medio país con el acuerdo de paz. Es decir, a quienes este acuerdo les devolvió el poder fue a los de línea uribista, no a los criminales que le quitaron la vida a Miguel Uribe.
Como asumo que seguramente a esos criminales fue a los que se refirió el expresidente Uribe en su trino, entonces lo analizo ligado a la hipótesis de que el determinador del crimen contra Miguel fue uno de los disidentes del acuerdo con las Farc.
Visto así, también tendríamos que referirnos a Álvaro Uribe y a sus aliados como responsables de darles poder a los disidentes del proceso de paz de su gobierno con los paramilitares –que también siguieron generando violencias–, con lo cual desconoceríamos que ambos procesos, el de Uribe y el de Santos, redujeron en lo inmediato las cifras de homicidios, desplazamientos y secuestros, y también que de todos los procesos de paz en el mundo quedan grupos al margen de la ley que siguen disputándose el poder, sea el político o el económico.
Ahora bien, si a lo que se refieren es a ese poder económico derivado del fortalecimiento del narcotráfico, en el entendido de que esto sí es consecuencia de que por el acuerdo de paz se eliminó la erradicación aérea de cultivos ilícitos, esa sería una conclusión incompleta, pues las dinámicas actuales del narcotráfico no solo obedecen a dicho acuerdo con las Farc, sino al contexto internacional del mercado de las drogas y a algo que ha sido nuestro mayor fracaso histórico: la incapacidad del Estado para llegar a los territorios que más requieren su presencia.
Y si los pronunciamientos son porque el acuerdo de paz facilitó la llegada de un gobierno de izquierda al poder, que en efecto ha empoderado a los criminales, pienso que están desconociendo que en la democracia que dicen defender es legítimo que la izquierda esté en el poder, y que la Colombia que eligió a Gustavo Petro no fue solo esa decepcionada por la pérdida del plebiscito por el acuerdo de paz, sino la golpeada por la pandemia, la descontenta con un gobierno de derecha que no colmó sus expectativas y la moldeada por algo que tampoco es consecuencia del acuerdo: la desinformación y manipulación por redes sociales.
Entonces, no sé si será hipócrita o no la presencia del expresidente Santos en el funeral de Miguel Uribe; pero lo que sí sé es que relacionar su gobierno con el asesinato de este es tan incendiario como los trinos con los que el presidente Petro se refería al senador Uribe Turbay antes de que sufriera el atentado que le costó la vida. Si rechazamos que otros maten con sus palabras, no matemos con las nuestras.
Claudia Isabel Palacios Giraldo
