Desde 1998 hasta la fecha han sido presentados 17 proyectos de ley sobre muerte digna. Ninguno ha llegado a feliz término, a pesar de que en varios fallos la Corte le ha ordenado al Congreso legislar sobre este tema. El proyecto en curso, que ya fue aprobado en Comisión Primera de Senado, es promovido por los congresistas Juan Carlos Losada y Humberto de la Calle, quien hoy participa en el Foro Juan Mendoza Vega, organizado por la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. El proyecto se limita a la reglamentación de los procedimientos para la muerte digna ya reconocidos por la Corte, es decir: la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, en ambos casos con el cumplimiento de 3 requisitos –padecer una enfermedad grave o incurable, padecer un sufrimiento físico o psíquico insoportable y tener firmado un documento legal de voluntad anticipada sobre muerte digna–.
Es decir, si este proyecto es aprobado, va a regular lo que ya sucede en la práctica, en algunos casos porque los actores del sistema de salud ya aplican los fallos de la Corte que han sentado jurisprudencia sobre muerte digna, y en otros porque los pacientes instauran tutelas justamente sustentadas en esos fallos de la Corte. Ojalá esta vez –la 17– sea la vencida, pues hay nuevos desafíos que atender y el Congreso se está quedando muy atrás en la discusión.
Cuatro ejemplos: 1) La Corte estudia el caso de una mamá que está pidiendo poder dar el consentimiento subrogado para que se le aplique la eutanasia a su hijo, quien nació con parálisis cerebral y otras morbilidades, y que por esta razón nunca ha tenido capacidad de dar un consentimiento sobre cómo quiere morir ni podrá hacerlo. El caso plantea preguntas de tipo ético, como la de si es justo y razonable aprobar la eutanasia por solicitud de un tercero con un argumento como el del agotamiento del cuidador o la limitación de los recursos para cuidar al paciente.
2) Personas con condiciones especiales, como las que tienen identidad de género diversa, están demandando regulaciones específicas sobre el derecho a la muerte digna, dado que para ellas hablar de la muerte no es tabú como lo es para el común de la sociedad, pues están expuestas a morir mucho más temprano que el promedio de las personas, dadas las violencias y riesgos derivados de la discriminación que generalmente enfrentan. Los miembros de este grupo poblacional viven unos 35 años, en tanto que la media nacional en la esperanza de vida es de 77,5 años.
¿Cuándo pensará el Congreso atender este tipo de necesidades? Mientras lo hace, la sociedad civil hace lo propio para tratar de sortear las barreras regulatorias, por eso también hoy en el foro antes mencionado se lanza un formulario de voluntad anticipada específicamente para personas trans.
3) Hay personas que aun estando saludables sienten que ya cumplieron su proyecto de vida y desean morir. Con el rápido envejecimiento poblacional que tenemos en Colombia, deberíamos estar discutiendo cómo responder a esta realidad, pues hoy en día estas personas solo tienen como alternativa el suicidio, que generalmente se hace de manera traumática.
4) El drama silencioso en los hospitales con pacientes que no firmaron un documento de voluntad anticipada y que sufrieron una situación que los dejó sin capacidad de manifestar su deseo de morir, pero cuyas familias saben que eso es lo que hubieran querido. ¿No tendríamos que estar hablando de la pertinencia de ordenar que todas las personas con pleno uso de razón llenen este documento y lo registren ante su entidad de salud? Congresistas, no solo hay que hacer la tarea que les presenta el senador De la Calle, sino ponerse al día.
Claudia Isabel Palacios Giraldo
