Se nos viene una discusión nacional del tipo de si legalizar las drogas incentiva el consumo o si legalizar el aborto incentiva esa práctica y el libertinaje sexual. El artículo de este sábado en EL TIEMPO titulado ‘Se abre debate en Colombia por medicamento que previene el VIH’ explica que el próximo año el Gobierno hará un piloto cuyos resultados serán determinantes para decidir si el suministro de este medicamento debe ser aprobado como terapia preventiva del VIH y si debe ser o no cubierto por el sistema de salud, como ya lo es en Estados Unidos, Brasil, Canadá, Barbados y Bahamas.
La decisión pasa por consideraciones de tipo económico, como que este medicamento, comprado a través del Estado, costaría unos 21.000 pesos al mes por persona, contra los 698.315 pesos que cuesta tratar a un paciente VIH positivo para que no desarrolle el sida. Y si se tiene en cuenta que en Colombia son diagnosticados cada año unos 13.000 casos nuevos de VIH y que en Brasil, país con más de 4 veces la población de Colombia, solo 1.400 personas hacen uso de ella, se podría cuestionar por qué Colombia no lo ha hecho si evidentemente es menos costoso prevenir que curar, no obstante que al tratamiento preventivo hay que sumarle el costo de citas y exámenes trimestrales a los que debe someterse la persona que lo consuma.
Pero la decisión no es tan sencilla, entre otras razones, por consideraciones de tipo moral y ético. Si se supone que todos estamos en riesgo, incluso los no promiscuos, porque no es posible garantizar que la pareja también haya sido o sea no promiscua, ¿habría que suministrar este medicamento a todo el mundo?, ¿habría que distribuirlo como los condones?, ¿tendríamos que dárselos a nuestros hijos antes de que comiencen la vida sexual, a manera de la vacuna contra el virus del papiloma humano?, ¿entregar este medicamento pone al Estado como promotor de la promiscuidad?
Para responder estas preguntas, el Ministerio de Salud, desde que el medicamento es promovido por la OMS para uso preventivo, hace dos años, trabaja en ver la pertinencia de implementarlo en Colombia. Una opción es que, como en Perú y México, se apruebe su venta con ese fin, pero cubierta por el bolsillo de cada persona y no por el sistema de salud.
Entendiendo la complejidad de la decisión, del piloto con población vulnerable al contagio (hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales, habitantes de la calle, presos y personas que se inyectan drogas), que empieza en febrero y que debe arrojar resultados en un año, me queda una preocupación. Si bien el 37,5 % de los casos de contagio con VIH ocurren en personas de los grupos mencionados, el 62,5 % de los casos se dan en personas que tienen menores niveles de exposición al virus. Entonces, ¿por qué no hacer el piloto con esos grupos también?
Los resultados de este método de prevención en otros países han arrojado hasta ahora no solo reducción de los números de infecciones, sino un mayor diagnóstico de otras enfermedades de transmisión sexual y mayor conciencia de tener sexo con protección. O sea, una especie de moñona.
Y mientras el Gobierno hace su parte, urge que los ciudadanos hagamos la nuestra. Cifras del Ministerio de Salud evidencian una reducción en el uso del condón entre los hombres que tienen sexo con hombres. ¡Gran irresponsabilidad! ¿Tan cansados están de que la sociedad opine de su vida como para ponerla en riesgo por cuenta propia?
Por si acaso, lo que sí está ya incluido en el sistema de salud es la ‘profilaxis postexposición’, una especie de píldora del día después, pero para VIH. Si se toma hasta 72 horas después de tener la relación sexual de riesgo, puede evitar que se adquiera el virus.
CLAUDIA PALACIOS
