Todo esfuerzo encaminado a lograr la paz vale la pena. Con mucha facilidad nos envalentonamos para criticar los momentos borrascosos de un proceso de negociación con grupos al margen de la ley –sobre todo quienes vivimos en la ‘seguridad’ de las zonas urbanas– y somos rápidos para exigir medidas duras contra los violentos. Se nos olvida en qué país vivimos.
La existencia de muchos grupos armados ilegales y su enorme capacidad para reciclarse nos dan la medida de las falencias que tenemos como nación. Con la justicia desbordada por la criminalidad y permeada por la corrupción, nada más ilusorio que exigir que contra los violentos caiga todo el peso de la ley. Lo anterior, sumado a esas Colombias y colombianos/as que apenas sobreviven, para quienes el sistema y las normas son más un obstáculo que una ruta para la movilidad social, y el maltrato y el abandono son más la regla que la excepción, es la combinación que explica por qué, aunque hayamos firmado al menos 5 grandes procesos de paz en los últimos 40 años, seguimos en guerra. Es como si hubiera combustible regado por todo el territorio nacional y muchos anduviéramos fumando y botando colillas por ahí.
Eso concluí mientras hacía mi libro Perdonar lo imperdonable, hace ya 8 años, para el cual hablé con más de un centenar de víctimas, victimarios, negociadores de Paz y líderes políticos; y eso sigo pensando… aunque a veces, en el fragor de las noticias del día a día, también disparo críticas alimentadas por la rabia y el dolor que producen hechos atroces, como el asesinato de 4 menores de edad indígenas que pretendieron escapar del reclutamiento del sanguinario ‘Iván Mordisco’. Pero mi responsabilidad, no solo como periodista sino como ciudadana, es tomar una posición iluminada por la historia y alentada por el propósito superior de que Colombia sea un país en paz.
No obstante, y justamente por la experiencia que tiene Colombia en negociar con violentos y la urgencia de paz, resulta desconcertante que en el actual proceso, conocido como ‘paz total’, se estén cometiendo errores similares a los de experiencias pasadas. Uno de los más notables, a mi juicio, es el trato a la(s) contraparte(s) con cierta benevolencia e ingenuidad. Esto, por ejemplo, no funcionó en el gobierno Pastrana en su fallido proceso con las Farc, donde el generoso ‘despeje’ –sin recibir nada a cambio– solo sirvió para fortalecer a esa guerrilla y facilitarle su accionar criminal. Esa actitud generosa es aún más delicada al tratarse de negociar con grupos que, al contrario de las guerrillas de antaño, no tienen ideales políticos ni sociales sino meramente económicos.
El otro error notable es el debilitamiento de la imagen de la Fuerza Pública como real barrera de contención de los grupos armados ilegales. Una lección que dejó el horroroso capítulo de los ‘falsos positivos’ es que, en una institución regida por la jerarquía y la obediencia, no hacen falta órdenes explícitas. Así como tácitamente muchos entendieron que podían matar inocentes siempre y cuando cumplieran metas de bajas en combate, hoy hay quienes están tácitamente entendiendo que con los violentos hay que ‘hacerse pasito’.
Las estadísticas muestran que todos los procesos de paz, a pesar de sus defectos y detractores, han tenido un impacto en reducir los homicidios y otros crímenes atroces. El reciente proceso con las Farc sí que lo hizo. No obstante, como era de esperarse, atomizó los focos de violencia y nos dejó más polarizados. Eso es lo que hay, presidente Petro, y no vale la pena distraerse en señalar lo que Santos no previó y lo que Duque no hizo. Persista en su proceso, con su estilo, pero corrija, para que pueda lograr otro poquito de paz… o quizá, la ‘paz total’.
Claudia Isabel Palacios Giraldo
