La decisión de retirar el cannabis de la lista de narcóticos de mayor riesgo, tomada la semana pasada por la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, pone a Colombia en la necesidad de acelerar la industria del cannabis medicinal. Es decir, ahora el país más que una oportunidad tiene la obligación de tomar medidas si quiere quedarse con una buena tajada del mercado mundial de este producto y consolidarlo como una marca país. Mejor dicho, este es el momento para que hagamos lo que haya que hacer a fin de que un día pasemos de aceptar con vergüenza que producimos la mejor marihuana del mundo a decir con orgullo que tenemos el mejor cannabis del mundo.
Enhorabuena el Gobierno declaró el cannabis medicinal proyecto de interés nacional estratégico (Pine); no obstante, no ha pasado mucho en los dos meses que lleva esta decisión. Por ejemplo, la modificación del decreto 613, reclamada por más del 80 % de las empresas que hacen parte de Asocolcanna, el gremio del cannabis, sigue estancada. La modificación que piden es permitir la exportación de la flor seca para generar ingresos que alivien las demoras en la certificación de sus productos terminados. Pero no solo se trata de garantizar la viabilidad de las empresas que han hecho grandes inversiones, sino de que los miles de pacientes que se beneficiarían con el uso del cannabis tengan acceso a productos de calidad y a precios razonables. Para esto se requiere promover la investigación local, de manera que no repliquemos nuestra historia: exportar materias primas para importar los derivados que producen con estas los países que sí investigan. He aquí la razón del sentido de urgencia del que hablo, pues al sacar la ONU el cannabis de la lista de narcóticos de mayor riesgo, aumenta la probabilidad de que el Senado de EE.UU. apruebe el proyecto de ley que votó positivamente la semana pasada la Cámara de Representantes para acabar con la prohibición del cannabis a nivel federal.
El punto está en que si bien el uso medicinal del cannabis ya es legal en 47 de los 50 estados de ese país, el hecho de que sea ilegal a nivel federal impide que fluyan los recursos para investigación. Entonces, si este proyecto se vuelve ley, cosa probable con un Congreso que a partir de enero muy seguramente será demócrata en ambas cámaras, es de esperar que Estados Unidos tome la delantera en la investigación del cannabis medicinal y en la producción de sus derivados, y que por esa vía se quede con un buen porcentaje de los 166.000 millones de dólares que se proyecta que produzca esta industria en el mundo para 2025.
Así las cosas, la mesa está puesta para que el Gobierno, más aún dentro de sus planes de reactivación económica, aclare el panorama para que la industria del cannabis medicinal pueda crecer. Hay que tener presente que, según Fedesarrollo, si esta se consolida, generaría 26.000 empleos agrícolas en Colombia para 2030, y eso sin contar los que crearía el uso del cáñamo de la planta de marihuana en la producción de papel y plástico, entre otros.
Capítulo aparte requiere el impacto que tendría una industria fuerte y legal de cannabis medicinal en la reducción del tráfico ilícito de marihuana y otras sustancias psicoactivas, para lo cual faltan estudios. No obstante, el reciente informe de la Comisión para la Política de Drogas en el Hemisferio Occidental, que recomienda, entre otras cosas, limitar solo a grandes extensiones la erradicación de cultivos ilícitos, refuerza aún más el sentido de urgencia para acelerar la industria lícita del cannabis. Las nuevas visiones desde el norte requieren nuevas visiones desde el sur. Por eso, además, es muy oportuna la creación de Procannacol, la nueva asociación que les da voz a pacientes, a investigadores/as y a pequeños productores.
Claudia Isabel Palacios Giraldo
